La pasada comparecencia de Miguel Cardenal dejó patente algo que ya nos imaginábamos y casi sabíamos: gran parte de las Federaciones deportivas españolas (¡qué no pasará en las autonómicas!) están en quiebra técnica o próximas a ello. Incluso las hay intervenidas, como las Cajas de Ahorro.
Lo curioso del caso es que, al analizar las cuentas de las mismas, se han detectado diferentes abusos que en parte explican el desastre. Sueldos millonarios a presidentes, directivos y asesores, invitaciones a cenas y viajes de acompañamiento con equipos y selecciones (a veces, con más ojeadores que deportistas), etc. Y esto no es culpa de Miguel Cardenal, que está haciendo todo lo que puede en un escenario económico terrorífico. ¿Realmente "esto" sólo acontecía este año pasado? ¿Qué controles de la contabilidad (sea de dinero público o privado) se hacían? Al fin y al cabo, si se pueden derrochar los recursos privados es porque se dispone del público para cubrir necesidades asociativas, ayuda que de no existir impediría (mejor dicho, debería impedir) el derroche. Porque, en muchos casos, la paulatina disminución de las subvenciones no se ha suplido con la reasignación de los fondos privados hacia donde debían...
Al menos temporalmente, puede ser necesario replantear el modelo federativo en el caso de las modalidades minoritarias. Una Federación que se nutre mayoritariamente de fondos públicos, o que los precisa con carácter necesario para subsistir o desarrollar dignamente sus funciones... ¿realmente debe seguir existiendo como entidad privada, y mantenerse reconocida como tal, aunque desempeñe algunas funciones públicas?
Se impone la creación de una Federación polideportiva, de naturaleza pública y carácter administrativo, que avoque temporalmente las funciones (todas) de aquellas Federaciones deportivas españolas que se encuentran en la ruina, funciones públicas (por supuesto) y privadas. Que unifique formatos y procedimientos para que se puedan tramitar licencias, reconocimientos médicos, etc. de manera idéntica en un número reducido de sedes, con el personal estrictamente necesario. Integrada como un órgano del Consejo Superior de Deportes. Si no gusta, nada impide que los discordantes se constituyan en asociación privada y demuestren su viabilidad para retomar su actividad ordinaria, previo reconocimiento del CSD (en cuyo caso la oficialidad la obtendría esta segunda y la primera dejaría de tener razón de ser).
Cuando los recursos propios no permiten sostener una modalidad deportiva, en el momento actual sólo hay dos caminos: la desaparición o la tutela pública. Pero que no sea a medias; ya habrá tiempo para "privatizar" de nuevo. Asumir directamente competencias mejor que intervenir o fiscalizar. La opción de una agrupación de Federaciones (es decir, "que se organicen ellas" y se peleen por ver cuánto pone cada una, qué se reduce o quita cada otra, etc., manteniendo la naturaleza privada) es provocar un conflicto interfederativo que no arreglará nada. Salvo error.
