Un sindicato policial vuelve a poner en el candelero la ya manida cuestión de que los clubes de fútbol (se supone que de todas las modalidades) paguen los gastos que representa la seguridad pública de los eventos (fijando en 150.000 euros la pasada final de Copa). El argumento es que se trata de un negocio, que se cobra por la entrada y por ello que los ciudadanos no deben soportar su coste. A primera vista, no parece mala idea.
No obstante, conforme reflexionamos nos va pareciendo menos buena. Veamos.
En primer lugar, no hay que olvidar que esos eventos generan importantes beneficios para las arcas del Estado. Supongamos que el precio medio de la entrada de la pasada final de Copa fue de 100 euros. Y que el campo se llenó (90.000 espectadores). Que el tipo de IVA aplicable es del 21%. A mí me sale 1.829.000 euros de "bote". A añadir el IVA del metro, autobús, carburante utilizado para el desplazamiento, el impuesto especial de hidrocarburos, el IVA de todo el consumo generado en torno al evento (bebidas, snacks, párkings...) antes, durante y después del partido... El IVA de los contratos publicitarios referidos al partido... Yo creo que está pagado sobradamente.
De manera añadida, hay que pensar que determinadas obligaciones impuestas por la legislación vigente obligan a que sean la Fuerzas de seguridad las que realicen determinadas actuaciones, que no pueden ser efectuadas por la seguridad privada que contraten los clubes. Y que la LFP abona cantidades para garantizar las medidas de prevención de la violencia.
Y, por otra parte, yo me planteo si cuando se organiza una manifestación hay que pagar una tasa que cubra el coste de la seguridad de su cobertura. Si las entidades titulares de las estaciones de ferrocarril, metro y aeropuertos pagan por contar con policías que tutelen el orden y controlen a los carteristas. Si los partidos políticos y el Parlamento detraen cantidades de su presupuesto para sostener la seguridad. Etcétera.
No es una idea descabellada, pero con muchos matices.