Recibiendo todavía réplicas del soberbio terremoto que ha constituido el "caso" Armstrong, uno de los efectos colaterales del desastre es el lógico reajuste de las clasificaciones de las pruebas en las que intervino el estadounidense. El criterio debiera ser unívoco: si años después de los hechos se puede retirar un título o una clasificación, y pueden llover contra el interesado las demandas de sus patrocinadores y de los organizadores de las pruebas en que intervino, años despúes deben restablecerse las clasificaciones viciadas.
Se trata de algo aparentemente muy sencillo. Si un señor queda segundo, detrás de Armstrong, y a éste se le despoja del título por dopaje, el vencedor deportivo debe ser "el siguiente". Es de justicia y legalmente procedente. Que los organizadores que deciden despojar a Armstrong de sus títulos decidan posteriormente que "los siguientes" no merecen avanzar un puesto no parece normal. Y si los siguientes también están "salpicados", que corra el escalafón.
Posiblemente detrás de estas decisiones estén los complejos efectos que puedan generarse en los premios y contratos cuya cuantía esté ligada a la clasificación obtenida en las pruebas ciclistas. Porque esos "siguientes" debieran percibir los premios del nuevo puesto asignado, lo que sin haber recuperado del estadounidense las cantidades satisfechas implicaría un gasto duplicado e imprevisto para COI, UCI, etc. Y declarada la nueva clasificación, podrían sucederse las reclamaciones a los que fueron patrocinadores en su momento, a fin de que se abonen las cuantías pactadas para clasificaciones superiores.
Sin embargo, todas estas consecuencias deberían ser ajenas al restablecimiento de la justicia deportiva, que no es otra que declarar vencedor a quien fue segundo, y así sucesivamente. El "limbo" clasificatorio que se está creando es indefendible. Y, sinceramente, constituye campo abierto para accionar, sea por la vía deportiva y hacia el TAS o por la vía ordinaria. Sólo hace falta que el primero se decida.
