La Comisión Europea está investigando diferentes actuaciones de Ayuntamientos holandeses encaminadas a aliviar la difícil situación económica de algunos clubes profesionales... condonaciones de deudas, compra de terrenos a precio desorbitado, modificación retroactiva de condiciones de uso de instalaciones deportivas... Se considera que se trata de ayudas públicas irregulares que inciden sobre la actividad económica comunitaria del fútbol, generando distorsiones al mercado único.
Este tema no es nuevo. En el año 2004, Bruselas investigó y archivó una denuncia del Bayern de Munich y del Manchester United por similar motivo con ocasión de la operación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, ahora convertida en cuatro enormes rascacielos en una zona privilegiada de Madrid tras un convenio multimillonario. El quid de la cuestión fue determinar si la contraprestación económica recibida por el Real Madrid se ajustaba al valor de mercado o había sido intencionadamente incrementada, en cuyo caso se consideraría una ayuda encubierta.
Durante varios años, la burbuja inmobiliaria ha posibilitado que las entidades deportivas propietarias de terrenos hicieran negocio con éstos, ayudadas por las Administraciones Públicas mediante los pertinentes convenios y recalificaciones. Como el fútbol devora todo, dichos beneficios fueron reinvertidos y hoy no representan una reserva disponible para salvar la actual situación. A tener en cuenta que en nuestro modelo coexisten Clubes deportivos (sin ánimo de lucro) y Sociedades Anónimas Deportivas, lo que no impidió cierta generalización de operaciones urbanísticas con los equipos profesionales.
Lo importante es que Bruselas vuelve a poner al fútbol en el punto de mira, como actividad económica transnacional que es, sumándose al fair play financiero que LFP, CSD y UEFA vienen aplicando. Pero desde una posición muy poderosa y peligrosa... y generando distorsiones respecto de los clubes que no forman parte de la Unión Europea. Porque las competiciones UEFA las disputan equipos de Estados miembros y no miembros, de modo que se podría producir una importante discriminación (con evidentes consecuencias económicas) si los Estados ajenos a la UE pueden facilitar ayudas públicas a sus clubes para potenciarlos y los comunitarios no. Este argumento debe también ser valorado por las autoridades comunitarias.
